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El Rebote de la influenza

Ociel Mora — Wed, 13 May 2009 16:23:08 +0000

Las campañas no están sirviendo para contrastar proyectos de gobierno, y de ese modo los electores podamos elegir a los mejores postulantes para que nos representen en la máxima tribuna del país.
Los encontronazos entre partidos parecen más para ocultar la incapacidad de las autoridades sanitarias ante el repunte del virus de influenza humana, H1NI, que para ganar la confianza de la población.
Durante semanas se dijo que Puebla era inmune al contagio, y así parecía. Sin embargo, aquellas versiones fueron tomadas con cautela por la población y en un acto suyo ejemplar, asumió las recomendaciones emitidas por el gobierno federal al pie de la letra.
No faltó el ingenuo que dijera que aquello era una muestra fehaciente de que hay gobernabilidad y que la población atendía el llamado de sus autoridades, y que eso del estado fallido no era más que otra engañifa para robarse la elección. Ni lo uno ni lo otro.
El dato poblano es que apenas fue levantada la alerta sanitaria el jueves, comenzó la réplica con el brote de cifras de enfermos, allá en las zonas más empobrecidas de la entidad.
Las autoridades locales, no han tenido más que actuar en consecuencia y salir a reconocer lo que ha dicho el gobierno federal, aunque con sus asegunes y sus propios datos.
Lo verdaderamente preocupante, sin embargo, no es la aparición de enfermos, ni su número (que sigue siendo bajo), sino la zozobra generada entre la población porque autoridades federales y estatales no acaban de ponerse de acuerdo en cuanto al número de infectados por el virus.
En términos estrictos, al día de hoy martes, nadie sabe con exactitud cuántos enfermos hay hospitalizados en la entidad. Mientras las autoridades federales hablan de 20, aquí sólo se reconocen 13, de los cuales sólo ocho son tomados como estrictamente poblanos, porque –dicen- que cinco no lo son.
Para acabarla de amolar, hacia el medio día de ayer corrió la versión sobre el primer deceso provocado por la enfermedad, el cual habría ocurrido en el hospital de San Alejandro, correspondiente al de una mujer, quien habría sido contagiada por uno de su hijos que estuvo internado por la mismo mal.
Mientras las autoridades se enredan en sus propias cifras, el dirigente sindical Reyes Hernández ha tomado el micrófono y literalmente ha denunciado una pandemia en la Sierra Norte, en la comunidad de La Ceiba, en la que según el galeno hay 19 casos positivos.
En efecto, los datos del dirigente calzan muy bien con los reportes últimos de los organismos de salud internacional, quienes no obstante aprobar las medidas asumidas por las autoridades mexicanas, no descartan el rebote del mal.
La Organización Mundial de la Salud no ha descartado una pandemia de alcances mundiales, en virtud de que la cepa de influenza H1N1 podría mutar hacia formas muchas más severas. El máximo organismo de salud pública advirtió sobre algo que debería prender los focos rojos en Puebla y en México.
El impacto de una pandemia tendría efectos diferenciados en el mundo. En tano que en países con sistemas sanitarios fuertes tendría un efecto leve, en otros sería devastador, como en el caso mexicano. En el que las autoridades no acaban de ponerse de acuerdo en cómo contar a los enfermos; salvo que uno de los dos mienta.
Chayo News
Que los candidatos del Revolucionario Institucional por la capital han denunciado el abandono en el que los tiene el ayuntamiento. Porque no reciben ninguna clase de apoyos para granjearse con la población, mientras sus adversarios panistas, tienen todo el apoyo de los delegados federales.
El dato es revelador en muchos sentidos y dice mucho del talante de los aspirantes.
Primero, si los delegados federales están entregando apoyos al margen de los ordenamientos legales, la obligación de los candidatos priistas es hacer las denuncias ante los tribunales competentes.
De no hacerlo, los quejosos estarían incurriendo en actos de complicidad, y mucho me temo que los ciudadanos capitalinos no queremos representantes manchados por la sospecha de encubrimiento.
Otra lectura sería en el sentido del reproche a la alcaldesa. Eso de que los aspirantes a legislar sobre bien común, insten a las autoridades a cometer delitos, sencillamente no merecen el puesto.

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¿El Estado o la virgen de Guadalupe: quién nos une?

Ociel Mora — Mon, 15 Dec 2008 23:20:20 +0000

Con motivo de las celebraciones del 12 de diciembre, la coordinadora del Colegio de Antropología de la BUAP habló sobre la devoción popular católica y, tal vez sin proponérselo, de la crisis de legitimidad del Estado mexicano.

La virgen de Guadalupe no sólo es el símbolo de mayor confianza nacional (cohesión), bajo cuyo manto se reúnen personas de diferentes ideologías y estatus social (igualdad), sino que la gente recurre a la imagen en busca de ayuda (seguridad), explicó.

Lo cual quiere decir que el Estado como la organización suprema de los mexicanos, no está haciendo su chamba a través de sus áreas operativas, los gobiernos y sus órganos de poder, que legitiman su presencia.
El Estado ha dejado de otorgar seguridad e igualdad a los mexicanos, y éstos en la desgracia del desamparo absoluto, tienen que salir a buscar cobijo en otra parte. Así sea en la fe o en las bandas de criminales.

Las encuestas al respecto son contundentes en sus gráficas. Una de cada dos personas (50%), cree que a la hora de hacer leyes, los diputados lo hacen pensando en los intereses de sus partidos y los suyos.
Y apenas uno dé cada diez (16%), cree que los legisladores actúan en función de “los intereses de la población”.

Luego entonces en la percepción general de la gente, uno de cada tres (33%) piensa que las leyes sirven para defender a la gente con poder (Encuesta Nacional sobre Cultura Política, 2005).

La sobrevivencia de México como nación depende del “sentimiento de pertenencia” que logremos desarrollar los mexicanos. Los gobernantes han creado toda una arquitectura de simbolismo cívico, ciertamente, pero no para unirnos, sino para distanciarnos y afianzarse en el poder.

El tema tocado por la especialista no debería pasar desapercibido por nuestra clase política. Un ejemplo cercano: los poblanos son los que más reniegan de la poblanidad, cuando se les asocia con su clase política.
Apenas el viernes el director del Buró Federal de investigaciones de Estados Unidos (FBI), Robert Mueller, confirmó los vínculos entre carteles de la droga, Los Zetas y pandillas de Los Maras, en México y Colombia.
Los Maras no son producto del castigo divino, sino de la exclusión social y la desintegración familiar. Chavos que como la historia relatada por Proceso de esta semana (“Los jóvenes sicarios”), no tienen más opción de sobrevivencia que el ofrecido por las mafias.

El Estado se moviliza en defensa de los ciudadanos únicamente cuando tocan a los apellido ilustres y con acceso a las televisoras (Martí y Vargas).

Sólo el arraigado “sentimiento de exclusión” explica que los carteles de la droga cuentan con “base social”, como lo han denunciado las autoridades internacionales y lo han reconocido las mexicanas.

En términos generales y siguiendo la definición de la REA, la cohesión social es “la fuerza o acción mediante la cual los individuos pertenecientes a una sociedad se mantienen unidos”.

El pobre desempeño de nuestra clase política no solamente tiene postrado a México en los últimos lugares en progreso económico y social (uno de cada diez se mueve en el filo de la indigencia), sino que también ha erosionado “los cimientos” del Estado nacional.

Las políticas públicas a favor de la cohesión social serían aquellas que: a) Desarrollen identidad común, b) Construyan solidaridad, c) Establezcan horizontes de confianza, d) Establezcan situaciones de igualdad de oportunidades, e) Generen en la comunidad relaciones basadas en la reciprocidad”, Cumbre de Viena, 2007.

Chayo News
Diciembre es el mes de los balances y las celebraciones. La alcaldesa Blanca Alcalá ha hecho de las evaluaciones “técnicas” una práctica cotidiana en su administración: pensadas para remediar los problemas y, sobre todo, para la toma de decisiones.

Hay que decir que la evaluación, más allá de lo meramente administrativo, en general es una especie rara en la administración pública. No en el ayuntamiento.

Así pues, hacia el final del año las instituciones capitalinas mejor calificadas son el DIF, gracias a la experiencia en asistencia social de su director; cultura, con Pedro Ocejo, no obstante la facha de abarrotero de mostrador (es suya la idea de la pista de hielo); la institucionalidad de Juan de Dios, y hasta deporte califica entre las dependencias con mejor desempeño.

Las que resultaron reprobadas son Desarrollo Social y Obras Públicas, no obstante que en el primer caso, su anterior titular, Fernanda Diez, la entregó con todos los proyectos y programas debidamente armados. Porque si algo caracteriza a la Diez es el orden y su capacidad ejecutiva.

Hay que decirlo cuantas veces sea preciso: el tema de la política social, es un tema eminentemente técnico, no basta de la buena voluntad, o si se tiene una buena dosis para la intriga palaciega.

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Hasta dónde llega el compromiso contra la inseguridad

Ociel Mora — Tue, 02 Dec 2008 16:05:53 +0000

Ninguno como Héctor Aguilar Camín para poner los puntos sobre las íes en el tema de la inseguridad pública.
Primero pidió a los gobernantes que el tema fuera puesto a la cabeza de los asuntos que atienden todos los días.
Luego registró el Acuerdo Nacional contra la Inseguridad, firmado por el aparato de gobierno de la república y miembros de la sociedad civil.
Pero más que el acuerdo, lo que al escritor le pareció digno de ponderación no fue el acuerdo en sí, sino que se haya puesto plazo para la primera evaluación.
Lo que en efecto ocurrió el viernes pasado, día en que se cumplió la fecha fatal de “los 100 días”. Los que muchos asociaron con el “si no pueden, que se vayan”.
Por los discursos y declaraciones, ahora sabemos que el Congreso fue quien menos avanzó en su parte, pues no aprobó la ley de seguridad pública, como solicitó el Ejecutivo federal.
La parte realizada por los señores gobernadores no alcanzó a dilucidarse debidamente, tal vez por su carácter regional, y porque en cada entidad la inseguridad acusa niveles diferentes de penetración.
Y porque en general los ejecutivos estatales siempre encuentran resquicios para evadir su responsabilidad ante los órganos y la opinión pública nacionales.
Aunque ya se utilizan granadas para matar, Puebla todavía no es la frontera norte, pero tampoco es Colima, una de las entidades con la menor incidencia delictiva, junto con Chiapas.
Quien más avanzó en los compromisos del acuerdo fue el gobierno federal. 184 personas que se hallaban secuestradas fueron liberadas.
Las que de no haber sido por la firma del acuerdo, tal vez no habrían sido puestas en libertad.
También se dijo que 53 bandas de plagiarios fueron desarticuladas, una cada dos días, y 272 malhechores fueron aprehendidos. Amén del decomiso de enervantes, armamento y la detención de varios cabecillas miembros del narcotráfico.

Lo que no ha gustado del todo es que en el pleno del Consejo de Seguridad Pública se haya determinado realizar la próxima reunión de evaluación hasta dentro de seis meses.
Si del primero se dijo que era demasiado pronto para entregar resultados, del segundo se puede decir que es demasiado largo, en el cual pueden ocurrir muchas cosas, como pasar a segundo término el tema de la inseguridad.

Chayo news
Puebla celebró los 100 días del Acuerdo contra la Inseguridad con una balacera entre policías y presuntos “zetas” en pleno centro de Huauchinango.
En la refriega hubo dos muertos; uno de cada lado, para que no quepa duda sobre la capacidad de fuego del enemigo.
El presidente municipal le restó importancia a los hechos y apenas se permitió unos minutos para ordenar a un subalterno que diera una conferencia de prensa.
En la ciudad capital, el secretario de Gobernación calificó la balacera como un hecho aislado.
El suceso ocurrió a escasos metros del palacio de gobierno y en la ciudad más importante de la Sierra Norte.
Y en una declaración a la que no se le encuentra ni pies ni cabeza, se anunció que las policías locales no serán sometidas a la Operación Limpieza, el programa ideado por el gobierno federal y cuya aplicación se recomienda a todos los cuerpos del país por los resultados obtenidos en la PGR y Seguridad Pública.
El presidente Felipe Calderón afirma que el 49 por ciento de las policías no son confiables. Gracias a la Operación Limpieza se mantiene bajo arraigo a un subprocurador y al director de Interpol México.
El secretario de Gobernación hizo una declaración central, porque permite medir hasta dónde llega el compromiso del gobierno contra la delincuencia, por lo menos en el discurso.
“No debemos destacar logros hasta que México cuente con policías y ministerios públicos de probada honestidad en los tres órdenes de gobierno”; hablábamos del secretario Gómez Mont.

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Seguridad: el tortuoso camino de la verdad

Ociel Mora — Thu, 27 Nov 2008 01:20:59 +0000

La palabra antecede a todo. Nombrar es explicar. En ninguna parte del mundo los problemas se resuelven metiéndolos debajo de la alfombra o negándolos en público.
Por eso es digno de ponderación que finalmente el secretario de Gobernación haya reconocido que Puebla no es una “isla”, y que no es ajeno a la ola de violencia que azota al país.
Durante largos meses y de manera sistemática, el encargado de mantener la seguridad pública en la entidad se empeñó en negar que el estado fuera presa de las llamadas del crimen organizado.
El lunes, sin embargo, en su alocución con motivo de la instalación del Consejo de Coordinación para la Seguridad Pública municipal, y tal vez obligado por la circunstancia, Mario Montero habló de los vínculos entre el crimen organizado y los agentes judiciales ejecutados el fin de semana, con apenas unas horas de diferencia, en Atlixco y Cañada Morelos.
El titular de la dependencia no pierde credibilidad (ni potencial de votos, en el caso de tenerlo) frente a la opinión pública, si reconoce de viva voz lo que ya es innegable entre sectores de la población. La violencia convive con nosotros. Mal haría, y peor sería juzgado, de no hacerlo.

Al reconocimiento de los problemas le debe seguir capacidad ejecutiva para diseñar y operar políticas de gobierno, no de coyuntura, sino de largo plazo. Para lo cual la dependencia precisa de los recursos humanos imprescindibles. Y en materia de seguridad pública, ya se sabe, escasean. Porque la recién nombrada María de Lourdes Nares Rodríguez al frente del Consejo de Seguridad Pública del estado, se antoja más un cerco preelectoral que un cuadro experimentado en la materia. Y la amenaza de la violencia no está para experimentos.
Reviso y reviso la hoja de servicios de la nueva funcionaria y no encuentro por ningún lado el perfil que la haga la persona indicada para el puesto. En el entendido, claro, que no ha sido designada para perseguir maleantes, sino para diseñar la estrategia de la persecución. Una tarea muy superior a la primera.
Porque en materia de seguridad también se precisa de las dotes que engalanaban a la mujer del César: “no sólo hay que serlo, sino parecerlo”. Y muchos de los que son, no lo parecen.
Pero también es cierto que no toda la responsabilidad recae en una sola institución y su eventual titular en turno; el tema de la seguridad pública reclama la participación de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes, cada cual desde su competencia.
Hasta donde se sabe, Puebla es la única entidad en el mundo donde un gobernante electo por los ciudadanos en las urnas, mediante procedimientos democráticos, es juzgado en una corte de los Estados Unidos, acusado de atentar contra aquel país mediante la introducción de varios kilos de cocaína.
El problema de fondo no es ése, sino que por razones extrañas las autoridades locales competentes (entiéndase el Congreso) no han hecho nada al respecto. Porque en términos estrictos, Rubén Gil Campos sigue siendo la máxima autoridad de Izúcar de Matamoros. Para lo cual incluso se ha tenido que violentar la ley orgánica municipal.
Cierto. No se tienen en Puebla los niveles de violencia que padecen estados del norte del país, pero tampoco ellos los tenían hace apenas dos años. Como no los tenía Veracruz hace uno. Apostarle a los índices bajos del mapa nacional, es una salida falsa.

Chayo News
No deja de ser motivo de sospechosismo la prontitud con la que resuelve el Congreso del estado ciertos temas y la deliberada pachorra y leguleyismo con la que actúa en otros.
Como dicen en los pueblos, en menos de lo que canta un gallo, todo está listo para la remoción del puesto de la comisionada para el Acceso a la Información Pública, Josefina Buxadé.

Francamente ignoro qué universidad sea la Benito Juárez, pero de ser como dicen las páginas culturales de los periódicos, ha montado una exposición pictórica de primera línea; de ésas que para verlas hay que viajar a la ciudad de México. Sean quienes sean, gracias por el banquete.

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