Ociel Mora

La intimidación

Lo ocurrido anteayer en Tamaulipas es el crimen más funesto desde 1994, cuando también en el norte del país, fue muerto de un balazo en la cabeza quien entonces era candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Nadie está restando importancia al resto de las 25 mil personas que han corrido con la misma fatalidad de quien fuera candidato priista en aquel estado. Estoy diciendo que hemos llegado a un punto de descomposición en el que nadie está a salvo. Incluso niños inocentes han perecido en una guerra que, hoy más que nunca, amerita un debate no sólo entre la clase política –como ha ocurrido hasta ahora– sino de la sociedad toda, y sobre esa base arribar a un nuevo acuerdo nacional en materia de seguridad. Si no habremos cruzado el umbral en el que los puestos de elección popular deben estar acomodados al gusto de los criminales.

Ayer mismo a la hora que se conocía en Puebla de la muerte de Rodolfo Torre Cantú, cuando el aspirante se trasladaba con su comitiva a un cierre de campaña, el priismo poblano –en voz de su presidente, Alejandro Armenta Mier– levantó la voz con firmeza y demando al gobierno federal condiciones de seguridad y el cese de la violencia que ha enlutado a México. En la mañana de ayer habló el candidato, Javier López Zavala, quien en legítimo derecho hizo una severa crítica al gobierno panista por lo ocurrido a su homólogo norteño., y exigió que se esclarezca el atentado en el que además del aspirante, fueron acribillados un diputado y media docena de personas más que lo acompañaban.

El tema del crimen organizado no es fácil de abordar. Tiene muchas aristas. Muchas complicidades. Hay mucho dinero, en un país de mucha pobreza. Y las opiniones entre la clase política en general tienen un carácter abiertamente encontrado, amén del encono natural que suscita, del que a cual más saca raja. De un lado está la propuesta del gobierno del presidente Felipe Calderón de combatir sin tregua a las bandas delictivas, para lo cual abrió fuego contra ellas desde el primer día de su gobierno, y anuncio que el país estaba en guerra. Del otro lado, está la actitud recelosa del PRI, que no aprueba la determinación presidencial, pero tampoco acaba de definir una posición firme al respecto. Decir que hay que capacitar a las policías, que previamente hay que hacer trabajo de investigación, seguramente son propuestas novedosos y con cierto grado de efectividad, pero para un México de 50 años atrás. No ahora, cuando pareciera que el monstruo se dispone a engullir el país entero.

¿Estamos ante un estado fallido, como algunas voces nacionales se han levantado, valiéndose del término utilizado por sectores académicos conservadores de los Estados Unidos para calificar nuestro deterioro institucional? La organización independiente Fondo por la Paz y la revista Foreign Policy, en su segundo índice correspondiente a 2005, sostiene que un estado fallido es aquel en el que el gobierno no tiene el control real de su territorio, no está considerado como legítimo por una parte importante de la población, no ofrece seguridad interna o servicios públicos esenciales a sus ciudadanos y no tiene el monopolio del uso de la fuerza. ¿Estamos ante un estado fallido? Omiso, diría yo.

Tal vez el periodista que más sabe de estos menesteres, Raymundo Riva Palacio, ha recordado las declaraciones de Miguel Monte, el primer fiscal para el caso Colosio. Quien solía decir que al candidato presidencial lo había acribillado el contexto. “Un contexto lleno de polarización política y violencia social”. Ese ambiente abigarrado de contradicciones habría creado las condiciones propicias para que un iluminado, como Mario Aburto, le disparara un balazo en la cabeza. “Hoy nuevamente hay un contexto de polarización política y violencia social, pero con condiciones adicionales: la guerra declarada por el Presidente contra los cárteles de la droga. Con la salvedad de que contra Torre Cantú no actuó un iluminado, sino un grupo de matones”.

¿Quién gana, quién pierde con la muerte del candidato malogrado? No gana, por supuesto, el PAN. Tampoco el resto de los partidos de oposición. Sí le reditúa –y mucho– al Revolucionario Institucional, no sólo en Tamaulipas, en la que de antemano se daba por seguro su triunfo, sino en las 13 entidades restantes, en las que habrá elecciones el domingo próximo, en doce de ellas para gobernador, de cuyos resultados depende en gran medida los resultados presidenciales de julio de 2012. Sea lo que sea, y sean quiénes sean los criminales, la muerte de Torre Cantú es un acto de atemoriza miento nacional, presionar a la opinión pública, para que a su vez lo haga contra el gobierno y baje la intensidad. No sería la primera estrategia en ese sentido. Ya lo vimos en Michoacán.

Chayo News

Hoy hacia la media noche termina la temporada de campaña, y muchos ciudadanos agradecemos el cese del ruido, la descalificación a rajatabla, y el contexto de polarización del que hablaba Montes hace dieciséis años, cuya causa habría propiciado la muerte del candidato presidencial.

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