La miseria educativa
Uno de los datos más brutales que se hayan revelado en los últimos días, ocurrió el lunes. De acuerdo con información oficial de la SEP, tres de cada cuatro aspirantes que concursaron por una plaza de maestro en el sistema de educación básica, reprobaron.
Los eliminados (92 mil 770) son en su mayoría profesores que ya estuvieron enseñando frente a grupo hasta por 20 años, cubriendo interinatos, y que a través del examen espera(ba)n obtener una plaza definitiva de maestro; el resto de ellos son egresados de las normas de maestros.
Hay que precisar que los cerca de 125 mil “examinados” son ajenos al millón de profesores que en este momento enseñan a nuestros hijos, y que para su contratación no fueron sometidos a ninguna prueba de habilidades pedagógicas, sino que ingresaron al sistema gracias al intrincado ardid de complicidades instaurado entre la SEP y el SNTE.
Pero ojo: la SEP ya dijo que no hay por qué alarmarse y que de acuerdo a las “bases” del concurso, los gobiernos estatales sí podrán contratar a maestros “reprobados”, en el caso –claro- de que el número de los “aceptados” sea insuficiente para cubrir las plazas vacantes.
Qué importan que no estén capacitados, qué importa que los niños sean los perjudicados, que importa que al respecto el Congreso de la Unión y de los estados hayan expedido leyes para favorecer la enseñanza, qué importa que la mayoría de los gobiernos hayan hecho de la educación la retórica más empalagosa de todos los tiempos. Qué importa que la educación sea la base de todo.
Lo importante es salvaguardar inmaculado el sistema de privilegios. Esa forma segura de gobierno organizada por Porfirio Díaz y “los científicos”, sus principales estrategas.
Es posible que en la Secretaría de Educación Pública de Puebla estén de plácemes. Pues la entidad no figura entre las que tuvieron el mayor índice de reprobación. En cambio sí aparece en el segundo lugar con el mayor número de aceptados, 2071 (esperemos que al rato no se descubra que la prueba fue sustraída y se estuvo vendiendo a los interesados).
Pero también es cierto que hacia el final de esta administración, el gobierno carece de un plan de educación medianamente aceptable. En estos cuatro años ni siquiera se ha trabajo con base a los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, un documento que cada vez resulta más estaño en quienes toman decisiones de gobierno.
He aquí una prueba contundente sobre la raíz de nuestra miseria como personas, familia, estado y país. Pero las autoridades tienen oídos cerrados a la opinión pública. De haber un mínimo de responsabilidad, en este momento el Congreso de la Unión estaría solicitando la comparecencia del titular de la SEP.
En días pasados conversé con el secretario de Finanzas y Administración, Gerardo Pérez Salazar, y ante la pregunta por la falta notaria de proyectos detonadores de riqueza, dijo que por falta de dinero. “No alcanza”, dijo.
Entonces expliqué que de acuerdo a la ley de egresos del Congreso del Estado, la entidad dispuso de una chequera cercana a los 50 mil millones de pesos, más aportaciones extraordinarias y empréstitos, y dijo que ni así. Porque la mayor parte del presupuesto se va a educación y salud.
Que la educación pública sea el servicio más caro que otorga el gobierno y a su vez sea el más ineficiente, explicaría porque no hay un solo funcionario (incluyendo a los del sistema educativo) que mande a sus hijos a las escuelas públicas. ¿O si lo hacen?
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