Ociel Mora

Narcotráfico, pobreza y movilidad social

Desde una década atrás hemos venido advirtiendo en este espacio sobre un par de fenómenos de peligroso impacto en la vida nacional, que ahora son confirmadas con datos oficiales.
La verdadera política social de combate a la pobreza no la están haciendo las instituciones gubernamentales sino los paisanos que, en un acto de desesperación, abandonan el país y se van de mojados a los Estados Unidos.
En esa misma lógica de explicación se encuentra también la derrama de dinero que estimulan los cárteles de la droga en aquellas zonas paupérrimas del país, y que ninguna institución nacional cuantifica y la hace pública, pero que innegablemente es dinero que llega y dinamiza la economía local y regional.
Las remesas y el “narco” fueron, hace seis años, la verdadera política social de combate a la pobreza que permitió a Vicente Fox, hacia la mitad de su gobierno, proclamarse como el gran artífice que estaba haciendo la magia de sacar de la pobreza a grandes sumas de desdichados, y que muchos ingenuos aplaudieron.
Pero fue hasta febrero de 2008, cuando la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, a través de su titular Ernesto Cordero Arroyo, reconoció que comunidades con altos índices de pobreza se encontraban en manos del narcotráfico, por lo que la dependencia urgía que el combate a la delincuencia organizada tuviera una “visión de política social”.
Pero he aquí una muestra más de que el gobierno de Felipe Calderón no tiene idea de nada. Quiero decir que sus programas no son provistos de una agenda de riesgos de mediano y largo plazo que eviten su repentina precipitación y naufraguen como ahora naufraga la política social de su gobierno.
Por ejemplo: uno de sus grandes compromisos contraídos hacia el arranque de su gobierno fue que la pobreza alimentaria sería reducida en un 30 por ciento. Para lo cual se dispuso de recursos de 19 programas focalizados. La idea era superar el porcentaje alcanzado por su antecesor.
Pero la realidad es mucho más terca que las buenas intenciones. A dos años del gobierno de Calderón, la pobreza en general no sólo no se reduce, sino que el número de personas en esa condición se incrementó en 6 millones de personas.
La primera lectura es que el gobierno nunca entendió que el dinamismo económico en las regiones más apartadas no lo estaban haciendo las transferencias gubernamentales, ni la política social federal y estatal, sino el dinero enviado por los paisanos a sus familias y la presencia del narcotráfico que requiere de peones y empleados en sus tareas.
Pero habría un dato más del que tampoco nadie habla. La movilidad social de los jóvenes en las regiones más apartadas del país no lo está haciendo el sistema de educación superior, sino el riesgo de los chavos que, igual en un acto de desesperación, determinan involucrarse en los cárteles.
No es descabellado decir que a este ritmo no sería nada extraño que en un par de décadas México esté convertido en un país de indigentes. Sí, de indigentes. Pero eso sí con una clase política y con una confederación del crimen organizado con estándares de vida muy superiores a los del primer mundo.
En 2005, según la Sedesol en el país había cerca de 19 millones de personas que sobrevivían en la indigencia, en la medida que ni siquiera tenían para una alimentación adecuada, de acuerdo con cifras ofrecidas por el entonces subsecretario de Miguel Székely.
También desde hace una década en este espacio hemos venido advirtiendo que Puebla cada vez se parece más a Chiapas y Oaxaca que a los estados del centro y norte del país, con los que en algún momento rivalizó en estándares de vida y crecimiento.
Según el último estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Puebla se encuentra entre los cuatro estados más pobres del país. La información se levantó el año pasado, por lo que al día de hoy, la situación puede ser mucho más dramática que la pintada el fin de semana por el Coneval.
El caso es que en Puebla ni siquiera contamos con una institución de crédito como el Coneval, y eso que es mandato de ley hacerlo. Falta el reporte de Transparencia Nacional que trae un apartado dedicado a la política social en los estados.

No hay posts relacionados.