Ociel Mora

Derecho a la decencia

En el día “oficial” de la libertad
de expresión

Los promotores del voto en blanco ya obtuvieron su primer triunfo, el tema esta en la agenda nacional; en tanto, a una voz, toda la clase política ha puesto el grito en el cielo y se ha pronunciado en contra del derecho ciudadano a disentir, alegando que el voto es la quintaescencia de la democracia., y que no hacerlo sería el suicidio.

Mentira vil.

La democracia no tiene que ver con el hecho de que unos personajes acudan a votar cada cuando su clase política determine que así sea, y de ese modo legitimarse en los respectivos puestos, los que previamente son acordados y repartidos entre ellos mismos, a espaldas a la población. Es el viejo discurso de la monarquía de la Colonia, ahora envuelto en ropaje republicano de “engañabobos”.

No caigamos en la simplificación y el chantaje. La plenitud democrática no es el derecho de acudir a la urna; la democracia es la ingeniería de ley que hace a los gobernantes responsables ante quienes los eligieron en las urnas, punto. Es el principio que permite a los ciudadanos lanzar a la calle a los malos gobernantes sin recurrir a la violencia.

La tan llevada y traída rendición de cuentas de nuestros funcionarios, es un engaño del tamaño del mundo, porque no es un procedimiento que tenga lugar ante la ciudadanía, como reza la constitución, sino entre camarillas, previo arreglo. Y si para complementar sus trastupijes es necesario corromper la constitución, pues se hace, o incluso se le cambia, para eso son precavidamente maiceados los legisladores; (en este punto recuérdese la muy pedagógica conversación Gamboa-Nacif).

Alguien me dice que el movimiento de protesta contra los partidos y sus candidatos, ya sea votando en blanco, tachando la boleta, escribiendo en ella, o incluso llevándosela a casa, es un movimiento de periodistas. Otra mentira. El movimiento es producto del hartazgo, la simulación y el desprecio de la clase política por los derechos ciudadanos. Quienes discuten el tema es la clase más ilustrada de México, y cuya decencia republicana está muy por encima del pudor de la clase política.

No faltará por ahí quien reproche que en los países modernos con millón es y millones de ciudadanos ansiosos de ejercer sus derechos, la democracia directa es imposible, y que para eso se ideó y diseñó la representación política. En efecto, el reclamo es en contra de quienes ejercer la representación política. ¿O será que alguien se sienta representado, digamos al azar, por el Congreso de Puebla, y sus diputados, o por quienes en este momento lo son a nivel federal?

Para ser más ilustrativos, veamos al azar para el caso de Puebla, algunos ejemplos de aquellas instituciones llamadas pomposamente de segunda generación, y que tienen una imagen recargadamente ciudadana. Así pues.

¿Habrá alguien que sinceramente confíe en que, por ejemplo, la Comisión para el Acceso a la Información Pública de Puebla, cuyos comisionados son nombrados por el Congreso del Estado, cumple cabalmente con su deber de transparentar todo lo público, cuando todo mundo sabe que los diputados no han podido resolver las denuncias en contra de su presidente, el señor Juárez Acevedo, quien para ser nombrado olímpicamente engaño a ese poder?

¿Alguien podría creer que los derechos humanos en la entidad están debidamente resguardados, cuando la actual presidenta del organismo estatal, Marcia Maritza Bullen Navarro, fue nombrada no por su capacidad de gestión en el tema, como establece la ley, sino por sus relaciones de amistad con el actual secretario de Gobernación, para lo cual incluso se tuvo que violentar la propia ley que le da sustento al organismo?

¿Alguien puede creer en la honradez del Instituto Estatal Electoral, que tiene que salir el representante de un partido político, el PRI, al rescate de su presidente, Jorge Sánchez Morales, para medio salvar la honra de la elección del año entrante? ¿Quién nombró a Jorge Sánchez Morales? Pu´s el Congreso, señores.

Como muchos, sigo pensando acudir a las urnas el próximo 5 de julio y hacer el trámite de ley, para luego anular la boleta; es un acto cívico y de honradez pública. No obstante que con ello se este abonando al triunfo de los de siempre y al fortalecimiento del bipartidismo. Así lo hare de aquí a que el Congreso aprueba une ley que prohíba el derecho a disentir; entonces, ya veré.

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