Ociel Mora

El rebote del michoacanazo

Hay una especie de avidez desmesurada por interpretar los nuevos signos del estilo personal de gobernar de Felipe Calderón, el segundo hombre al hilo de Acción Nacional que se sienta a despachar en Los Pinos.

Por ejemplo, no falta el que dice que luego de la aprehensión masiva de un grupo de funcionarios en el estado de Michoacán acusados de servir a los cárteles de la droga, ya se puede hablar de un antes y un después en la aplicación de la justicia mexicana.

En Puebla se ha comenzado a especular que la repentina destitución del alcalde sustituto de Izúcar de Matamoros, Arturo Herrera, sin seguir los procedimientos de ley puede ser una especie de “rebote” de lo ocurrido en aquel estado.

El asunto le pega de lleno a la actitud dilatoria del Poder Legislativo, pues lleva catorce meses con el tema en el escritorio.

Por las razones que sean, el Congreso se ha negado de manera sistemática a restablecer la institucionalidad en aquel ayuntamiento, luego de que su presidente municipal constitucional, Rubén Gil Campos, fuera detenido en Estados Unidos bajo la acusación de introducir varios kilos de cocaína en su territorio y de atentar contra aquella nación.

Pero el “rebote” no solamente anda en Puebla.

Anteayer nos enteramos que el candidato a diputado por el PAN en el estado de Chihuahua, Juan Blanco Saldívar, fue detenido en cumplimiento de una segunda orden de aprehensión en su contra; sin embargo, las salvedades no se han hecho esperar.

A diferencia de lo ocurrido en Michoacán, en el caso de uno de los suyos, los panistas de primera línea, Josefina Vázquez Mota y César Nava, de inmediato salieron en defensa de su correligionario y acusaron que en Chihuahua no se respeta el Estado de Derecho.

Lo cierto es que los grandes temas relacionados con la justicia comienzan a destrabarse en varios puntos del país como por arte de magia.

En el caso nuestro, hasta hace un par de semanas, nadie hubiera pensado que de pronto y como por arte de magia un presidente municipal fuera derrocado.

Además, con el extraño agravante de que la destitución del tercer alcalde de Izúcar no fue una determinación del Congreso, como está previsto en la ley, sino de un apresurado acuerdo de Cabildo.

Esto ocurre cuando es conocido que los regidores no tienen ninguna facultad deliberativa que no sea cobrar religiosamente sus emolumentos y acatar sumisamente las instrucciones superiores, por lo general del ejecutivo municipal.

Cuando algunos regidores de la oposición han intentado ejercer sus deberes de gobierno son ignorados olímpicamente por el Congreso mediante argucias falaces, como también es conocido en el caso específico de aquella alcaldía.

El tema de Izúcar es tan complicado que al día de hoy nadie ha sabido explicar razonablemente cuál es la situación jurídica de Rubén Gil Campos. En cambio el Congreso ha sido demasiado permisivo con algunos familiares del acusado de narcotráfico.

Por lo pronto aquella demarcación jurídica lleva, al día de hoy, cuatro alcaldes, y eso que todavía no se llega siquiera a la mitad del trienio.

Chayo News

Sería muy grave que los principales partidos, en su afán por protegerse, se cerraran todavía más y dejaran fuera de la competencia por la gubernatura a las mujeres, me refiero a Blanca Alcalá y Ana Teresa Aranda.

Ambas, en sus respectivos partidos, son el mejor patrimonio que tienen al día de hoy. Pero el tema de los eventuales candidatos ni siquiera es de los partidos sino de los ciudadanos electores, los supremos mandantes en quienes reside la soberanía, como se dice por ahí en los primeros capítulos de esos libritos llamados “Constitución”.

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