Contra el vituperio
Muy desafortunada la caterva de insultos dirigidos por un funcionario de segundo nivel de la Secretaría de Finanzas y Administración en contra de un miembro del Poder Legislativo.
No se podrá estar de acuerdo con el punto de vista del diputado José Manuel Janeiro y Acción Nacional, su partido. Lo cual no sólo es legítimo sino un acto de salud pública. Como habrá otros que no lo estén con los pronunciamientos de legisladores priistas, o perredistas.
Pero en el caso particular que nos ocupa, por ningún motivo se debe omitir que Janeiro es parte de uno de los tres poderes, el legislativo. Una de las facultades supremas de ese poder es vigilar el quehacer de la SFA, como institución sustantiva del Poder Ejecutivo.
Disentir de “los dichos” de los gobernantes es un derecho fundamental de los ciudadanos. Pero una cosa son los ciudadanos comunes y corrientes, los de afuera, y otra la relación de respeto mutuo que se deben entre sí los funcionarios con responsabilidades de gobierno.
El señor Antonio Cué Rivas no deja de ser un empleado de segunda, que tiene el puesto por “designación”. Mientras que Janeiro fue electo en las urnas por los ciudadanos electores, en ejercicio de un derecho soberano.
No hay punto de comparación entre uno y otro, pues. Uno tiene mandato popular; el otro apenas la confianza del titular de la SFA. Uno es legislador; el otro a lo mucho alcanza la categoría de “empleado de confianza”.
Habrá que ver si después de los disparates de la semana pasada sigue teniendo la confianza de sus superiores. No hace falta ser mago para entender que la finalidad del señor Cue Rivas fue aprovechar la ocasión para hacerse el imprescindible y llamar la atención en su partido, el PRI.
Para que la administración pública marche con un mínimo de decoro y el progreso de la población sea más que buenas intenciones, se requiere de la colaboración armónica y solidaria tanto de los miembros de los tres poderes como de los tres niveles de gobierno.
Es posible también que el señor Janeiro se haya equivocado a la hora de revisar la asignación de las partidas presupuestales, como ocurre con prácticamente todos los empleados gubernamentales, y más tratándose de dinero.
Es posible también que el diputado panista haya mentido de manera deliberada, con fines de quién sabe qué naturaleza; finalmente la mentira es parte de la naturaleza de los políticos.
Durante la administración pasada esa misma dependencia fue motivo de otro “miniescándalo”, por un supuesto “hoyo financiero” de apenas mil 500 millones de pesos. Nunca pasó nada. Porque al parecer nunca se hizo ninguna investigación rigurosa; y si se hizo, nunca se informó de sus resultados.
Bienvenido el debate de los asuntos públicos, los puntos de vista divergentes que acaban enriqueciéndolo. La razón como rasero del bien común. Pero no los insultos, que lo niegan y los prostituyen. Las divergencias entre los niveles de gobierno deben constreñirse al protocolo de las facultades de cada cual.
Por lo demás, alguien tiene que ser ejemplo de rectitud y moderación frente a los ciudadanos. Si se revisan las últimas encuestas nacionales que averiguan al respecto entre la población, se concluye que esa virtud no es la de los políticos y aquí hay un ejemplo de ello.
Chayo News
Ayer domingo fue la última misa catedralicia que celebró Rosendo Huesca y Pacheco en su condición de todavía arzobispo de la diócesis poblana.
A la hora de pergeñar estos apresurados apuntes se ignora lo que haya dicho a manera de despedida de su grey, particularmente de aquella adicta al boato ceremonial.
Porque hay otra que vive la fe como lo es, un acto reservado a la intimidad y privacidad.
Haya sido como haya sido, seguramente para los partidarios de los ritos públicos (que estuvieron ayer en la ceremonia de los adioses), debió ser un momento de alta emotividad.
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Los pordioseros o también llamados con misericordia “gente de la calle” por primera vez en la historia de Puebla son motivo de atención mediante un programa integral de rehabilitación.
La presidenta Blanca Alcalá ha puesto en marcha un programa cuyo nombre no dice mucho, pero se trata de: 1: otorgarles un empleo con remuneración; 2: atención médica integral; 3: asesoría jurídica; 4: atención sicológica; 5: trámite de documentos oficiales; y 6: alojamiento y alimentación en caso de ser necesario.
Es un proyecto que será precursor a nivel nacional, porque no se trata sólo de enganchar el desecho humano por su credencial de elector, sino de darles trato de personas.
En muchos sentidos, Blanca Alcalá sigue marcando la pauta.
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