¿Perjurio de diputados?
Quien siga pensando que la alternancia de partidos en el gobierno del estado no sirve para nada, se equivoca. Por lo menos en el tema que en este momento tiene dividido al Congreso local y a la fracción priista.
La ultraderechista ley de la familia está prosperando en aquellas entidades gobernadas por el PRI, pero ha sido severamente rechazada en donde gobierna el conservador Partido Acción Nacional. He aquí la gran paradoja.
La prueba fehaciente es el estado de Jalisco, en el que a pesar de llevar tres sexenios consecutivos en manos del PAN, la ley no pasó porque los diputados del PRI tuvieron libertad para votar a conciencia, y se aliaron con los partidos democráticos, además porque los legisladores priistas de aquel estado no están sujetos a la voluntad de ningún gobernador.
En cambio esa misma ley prosperó sin mayores obstáculos en Sonora, Colima, Baja California Norte, y ahora también en Puebla. Entidades que comparten la característica histórica de ser gobernados por un solo partido, el PRI, desde su fundación, hace 80 años, y cuyos congresos están sometidos a las instrucciones del Poder Ejecutivo.
Entonces las ventajas de gobiernos priistas con mayoría legislativa se están utilizando no para beneficio de la población, impulsando proyectos de modernización política y social, que de otra manera sería difícil para el Poder Ejecutivo, sino para reinstalar acciones de gobierno retrógradas, superadas hace muchos años.
La institucionalidad —es decir, el conjunto de reglas de la democracia, como la división de poderes y el principio de pesos y contrapesos— está funcionando a todo vapor en aquellas entidades con alternancia de partidos en el gobierno. Allá los representantes populares tienen los suficientes incentivos para votar conforme a los intereses de sus representados, y no de los partidos o gobernantes.
Por lo demás, ahora se entiende mucho mejor cuál era el sentido de las declaraciones del exgobernador Manuel Bartlett, y que le valió una andanada de adjetivos mundanos, cuando dijo que el PRI “se ha convertido en el ‘cabús’ del PAN”.
“El PRI ha sido secuestrado por una camarilla que ha hecho lo que han querido con el partido, han borrado su perfil, lo han llevado a la derecha y lo han convertido, al final de cuentas, en un partido que vota asociado con el PAN.”
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Cuando los gobiernos son muros impenetrables no queda más que la especulación. Así muchos supusieron que la idea de las modificaciones a la Constitución local eran de la autoría de los diputados priistas Pablo Fernández del Campo y Othón Bailleres.
Se dijo entonces que los diputados buscaban granjearse con el nuevo arzobispo poniendo a sus pies una ley de su completo agrado (¿de veras, qué es eso del estado laico?), ganar algunas indulgencias, y granjearse con su propio partido, el PRI, intentado penetrar el voto duro de los panistas. Se trataba, pues, de una estrategia meramente electoral.
Ahora sabemos que nada de eso es cierto. O lo es sólo en parte. Porque las modificaciones a la Constitución local de Puebla y los estados mencionados párrafos atrás, es parte de un proyecto de endurecimiento ideológico que el PAN está aplicando a nivel nacional, para lo cual nadie sabe qué resortes ha movido que todos los gobernantes priistas han sido persuadidos de inmediato sin chistar.
Al parecer la estrategia tiene como primer propósito estrangular el liberalismo del gobierno del Distrito Federal, donde se tienen las leyes más avanzadas del país, y que en su momento fueron objeto de la controversia rabiosa del PAN ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde las entidades federativas.
No soy abogado. Pero me cuentan que hay un procedimiento legal, que a partir de un número determinado de leyes estatales, con una mínima jurisdicción en un tema específico, permite en automático universalizar su jurisdicción hasta llevarla a la carta magna.
¿Qué intento decir? Que a partir de la “modificación hormiga” en las legislaturas estatales, llegar a establecer en la Constitución nacional la despenalización del aborto, la eutanasia; además de instituir el concepto tradicional de familia —padre, madre e hijos—, y establecer el matrimonio único, entre hombre y mujer, además de prohibirlo entre personas del mismo sexo.
Lo que la jerarquía católica no consiguió ni con Porfirio Díaz fue la derogación de las leyes de Reforma, impulsadas por Benito Juárez y Lerdo de Tejada, es muy probable que lo consiga ahora, como ya lo está haciendo, con la complacencia ¡quién lo iba a decir!, de los gobiernos priistas.
No sería nada extraño que de un momento a otro se sepa que también se ha otorgado tiempo en radio y televisión de Sicom para trasmisiones del “nuevo virrey”, perdón, arzobispo de la católica y apostólica y romana Puebla de Los Ángeles.
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