Ociel Mora

¿Juárez Acevedo: quién gana, quién pierde?

Durante el par de veces que el señor José Antonio Juárez Acevedo fue al Congreso del estado, entró en su automóvil hasta el estacionamiento oficial, y utilizó los cajones reservados a los legisladores.

Y para ingresar a los salones no se sirvió de la puerta principal, como ordena hacerlo el protocolo del recinto, sino una puerta trasera reservada al servicio de los diputados y personal de confianza.

Con la cual dejaba muy en claro el desprecio que le merece uno de los principales poderes del gobierno estatal, y que en su caso personal, es quien lo nombró comisionado presidente de la CAIP.

Alguien dirá que se trata de una nimiedad. No me parece. Es tanto como si cualquier día Rosendo Huesca, en su condición de arzobispo, sale a dar misa en mangas de camisa, y no con los hábitos obligados por la costumbre y la ley canónica.

Como se dice de la mujer del César, en política no sólo hay que serlo, también hay que parecerlo.
La política como una dimensión más de la cultura, no es más que un complejo nudo de símbolos que la sociedad descifra muy bien. En política, se dice, los símbolos son más fuertes que las palabras.

Nadie lo dice pero el episodio de Juárez Acevedo de nuevo vulnera la de por sí erosionada credibilidad institucional de la justicia en Puebla.

El todavía presidente de la CAIP se siente tan poderoso, y lo demuestra en los hechos, que con modos groseros desafía al Poder Legislativo, para vergüenza de la actual legislatura y la que lo nombró.

A la postre el caso Juárez Acevedo es tan nocivo para la legitimidad política que cuestiona el principio de transparencia de toda la administración gubernamental.

Al punto que hasta el obsecuente de Alonso Lujambio reconoce que ahora sí habrá “estabilidad e institucionalidad” en la CAIP, (luego de catorce meses de no haberla).

¿Cómo fue que se llegó hasta aquí?
En septiembre del 2007 varios medios locales recibieron un sobre con documentación oficial en la que se demostraba que el presidente de la CAIP era también dirigente de la organización política Plataforma Cuatro, y que recibía financiamiento del IFE para hacer política partidista.

No era un rumor, entre los papeles había una carta certificada por Manuel López Bernal, secretario ejecutivo, en la que manifiesta que “según documentación que obra en los archivos de este instituto, el licenciado Antonio Juárez Acevedo, se encuentra registrado como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la agrupación política nacional denominada Plataforma Cuatro”.

Con lo que se demostraba de manera oficial que el funcionario poblano había violentado los artículos 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que el propio Acevedo protestó respetar y hacer respetar, primero para hacerse nombrar comisionado y luego presidente de la CAIP.

El 27 de septiembre de aquel año, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional presentó una solicitud para iniciar el proceso de destitución del comisionado presidente por violar la ley. Su caso era indefendible.
Entonces apareció Pericles Olivares para anunciar que de ninguna manera el PRI encubriría al funcionario; y ya se sabe que cuando los viejos políticos marrulleros dicen blanco, es negro; y cuando dicen negro, es blanco.

Juárez Acevedo supo muy bien leer el ritmo del gobierno del estado y se ajustó a él como a una mantra; en el entendido, que destituirlo a él era tanto como abrir la puerta a otros funcionarios en condiciones análogas.
Y ahí sigue.

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