Ociel Mora

Seguridad: el tortuoso camino de la verdad

La palabra antecede a todo. Nombrar es explicar. En ninguna parte del mundo los problemas se resuelven metiéndolos debajo de la alfombra o negándolos en público.
Por eso es digno de ponderación que finalmente el secretario de Gobernación haya reconocido que Puebla no es una “isla”, y que no es ajeno a la ola de violencia que azota al país.
Durante largos meses y de manera sistemática, el encargado de mantener la seguridad pública en la entidad se empeñó en negar que el estado fuera presa de las llamadas del crimen organizado.
El lunes, sin embargo, en su alocución con motivo de la instalación del Consejo de Coordinación para la Seguridad Pública municipal, y tal vez obligado por la circunstancia, Mario Montero habló de los vínculos entre el crimen organizado y los agentes judiciales ejecutados el fin de semana, con apenas unas horas de diferencia, en Atlixco y Cañada Morelos.
El titular de la dependencia no pierde credibilidad (ni potencial de votos, en el caso de tenerlo) frente a la opinión pública, si reconoce de viva voz lo que ya es innegable entre sectores de la población. La violencia convive con nosotros. Mal haría, y peor sería juzgado, de no hacerlo.

Al reconocimiento de los problemas le debe seguir capacidad ejecutiva para diseñar y operar políticas de gobierno, no de coyuntura, sino de largo plazo. Para lo cual la dependencia precisa de los recursos humanos imprescindibles. Y en materia de seguridad pública, ya se sabe, escasean. Porque la recién nombrada María de Lourdes Nares Rodríguez al frente del Consejo de Seguridad Pública del estado, se antoja más un cerco preelectoral que un cuadro experimentado en la materia. Y la amenaza de la violencia no está para experimentos.
Reviso y reviso la hoja de servicios de la nueva funcionaria y no encuentro por ningún lado el perfil que la haga la persona indicada para el puesto. En el entendido, claro, que no ha sido designada para perseguir maleantes, sino para diseñar la estrategia de la persecución. Una tarea muy superior a la primera.
Porque en materia de seguridad también se precisa de las dotes que engalanaban a la mujer del César: “no sólo hay que serlo, sino parecerlo”. Y muchos de los que son, no lo parecen.
Pero también es cierto que no toda la responsabilidad recae en una sola institución y su eventual titular en turno; el tema de la seguridad pública reclama la participación de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes, cada cual desde su competencia.
Hasta donde se sabe, Puebla es la única entidad en el mundo donde un gobernante electo por los ciudadanos en las urnas, mediante procedimientos democráticos, es juzgado en una corte de los Estados Unidos, acusado de atentar contra aquel país mediante la introducción de varios kilos de cocaína.
El problema de fondo no es ése, sino que por razones extrañas las autoridades locales competentes (entiéndase el Congreso) no han hecho nada al respecto. Porque en términos estrictos, Rubén Gil Campos sigue siendo la máxima autoridad de Izúcar de Matamoros. Para lo cual incluso se ha tenido que violentar la ley orgánica municipal.
Cierto. No se tienen en Puebla los niveles de violencia que padecen estados del norte del país, pero tampoco ellos los tenían hace apenas dos años. Como no los tenía Veracruz hace uno. Apostarle a los índices bajos del mapa nacional, es una salida falsa.

Chayo News
No deja de ser motivo de sospechosismo la prontitud con la que resuelve el Congreso del estado ciertos temas y la deliberada pachorra y leguleyismo con la que actúa en otros.
Como dicen en los pueblos, en menos de lo que canta un gallo, todo está listo para la remoción del puesto de la comisionada para el Acceso a la Información Pública, Josefina Buxadé.

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Francamente ignoro qué universidad sea la Benito Juárez, pero de ser como dicen las páginas culturales de los periódicos, ha montado una exposición pictórica de primera línea; de ésas que para verlas hay que viajar a la ciudad de México. Sean quienes sean, gracias por el banquete.

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